Hace aproximadamente una semana, ante el Tribunal Constitucional, Aquilino Alonso, consejero de Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mantuvo su postura en contra ante el recurso que fue anunciado por el Gobierno de España contra el Artículo 1 del Decreto Ley aprobado por la Junta de Andalucía en el mes de diciembre del año 2011, articulo que se mantuvo bajo medidas inmediatas sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público, que desde ese momento controla la selección de medicamentos en la comunidad autónoma. A partir de ese momento, a pesar de que aparentemente el gasto que se ha ahorrado es de 413 millones, existe mucha desinformación y desconfianza dentro del sector sanitario con relación a la subasta de medicamentos.
Luis De Palacio, secretario general de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), afirmó que al menos se necesita esperar unos 5 años para tener muestras de este fallo. La preocupación inicial que se presenta en las oficinas de farmacia de Andalucía no es el costo del medicamento si no el desabastecimiento al que están acostumbrados. Además, De Palacio afirma, que los laboratorios que fueron elegidos para participar en estas subastas de medicamentos, no cuentan con los parámetros corporativos necesarios que se toman como referencia en otros países. Otro punto sumamente importante del que hace referencia es que dichas subastas de medicamentos pueden ocasionar graves problemas a la industria nacional de medicamentos.
Las subastas de medicamentos pueden resultar ser obstáculos en la economía de las boticas, tomando en cuenta que existen varios proveedores en las negociaciones, sin embargo, Luis insiste que los laboratorios nacionales, que han mostrado un gran esfuerzo por internacionalizarse ante la crisis económica, creen preocupante esta situación. Afirmando que las características que poseen las subastas andaluzas no poseen los mismo estándares que las alemanas, en donde el pliego de garantías y su incumplimiento causa la exclusión de los laboratorios responsables en sucesivas convocatorias.
Carlos Rus, secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), también manifestó su desconcierto por el fallo. Para el, el ingreso en cuenta de la diferencia de la subasta pronuncia las carencias jurídicas que planteó el Ministerio de Sanidad. Sin embargo el argumento que manifestó Antonio Burgueño, secretario general de la Fundación Economía y Salud, es que sin señalar los medicamentos de los adjudicatarios de las subastas, es válido sospechar sobre las posibles carencias en materia de distribución de algunas de las compañías seleccionadas por las subastas.
Por último, es seguro, como anunció el gerente del Servicios Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, que saldrá adelante la décima edición de las subastas andaluzas de medicamentos para 189 principios activos diferentes con 459 presentaciones diferentes. De igual forma, se harán 2 nuevas convocatorias en 2017.
