Un documento de cerca de 66 páginas resume el acuerdo de Gobierno alcanzado por ambas formaciones, donde se informan sobre las principales políticas que se alcanzarán en el caso de que Pedro Sánchez sea investido presidente el próximo 2 de marzo. Entre las ‘líneas rojas’ acerca de la política sanitaria destaca el “garantizar que el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso, en especial para personas en situación de especial vulnerabilidad”. Sin embargo, no se tiene intención de acabar con el modelo actual de copago farmacéutico, al igual que no se han tenido en cuenta las subastas (o selección) de medicamentos, así como de las monodosis y de la “negociación inmediata sobre el precio de terapias de hepatitis C” que sí recogía el Programa para un gobierno progresista y reformista del PSOE.
El partido socialista y Ciudadanos creen necesario desarrollar una política de eficiencia y ahorro del gasto farmacéutico, que estaría basada en una política de eficiencia al incorporar “diferentes procedimientos en el seno del Consejo Interterritorial del SNS que garanticen la equidad en el acceso a medicamentos huérfanos y de uso compasivo y mejorar los tiempos de acceso a medicamentos”. También se puntualiza que “en aquellos casos con evidencia científica de su eficacia terapéutica pero que supongan un alto impacto económico” sobre los Presupuestos Generales del Estado de los Estados Miembro de la Unión Europea, se iniciará una negociación con la industria farmacéutica en el marco del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea.
Con la política sanitaria de los partidos liderados por Pedro Sánchez y Albert Rivera se quiere impulsar las compras centralizadas de medicamentos así como la creación de un portal de transparencia en el que “se recogerán datos e indicadores de calidad asistencial, terapéutica y eficiencia de los servicios en toda la red de centros de utilización pública para permitir la toma de decisiones de gestión y planificación”. Igualmente, con un Plan Estratégico de Tecnología Sanitaria donde se incluirían a las Comunidades Autónomas, se pretende “aumentar la eficiencia del gasto”, mientras que un Plan Nacional de Big Data en Salud proporcionaría “indicadores y datos estadísticos” con los que detectar “disfunciones y diseñar una correcta asignación de recursos, una renovación tecnológica con criterios de evidencia científica y criterios de calidad y eficacia así como la identificación y eventual selección de los procesos que resulten más eficientes”.
También las formaciones firmantes quieren “reforzar el papel del Consejo Interterritorial, para lograr una eficaz concesión y una mayor coordinación con las comunidades autónomas”, además de “converger hacia una cartera común de servicios”. De este modo se podría garantizar “el acceso en condiciones de igualdad efectiva a toda la ciudadanía y la preservación de la salud pública guiada por criterios científicos epidemiológicos”. Por último, la política sanitaria de ambos partidos firman el restablecimiento de la universalidad de la cobertura del SNS y la recuperación de la tarjeta sanitaria en los plazos anteriores al Real Decreto-ley 16/2012.
